Pablo A. Pirovano

El incremento exponencial en los reclamos previsionales que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revela una ineficiencia estructural del sistema previsional argentino y una deficiente gestión estatal del conflicto.

Desde FORES venimos señalando que esta judicialización masiva no es responsabilidad del Poder Judicial, sino la consecuencia de decisiones que, sin solución de continuidad, durante las últimas administraciones, vienen sosteniendo una política de desconocimiento de jurisprudencia firme, obligando a los jubilados a litigar durante años para acceder a derechos ya reconocidos.

La reiteración de causas previsionales previsibles y evitables distorsiona el rol constitucional de la Corte Suprema, consume recursos escasos y retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia institucional. Al mismo tiempo, genera demoras incompatibles con la naturaleza alimentaria de los haberes y deteriora la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

En términos comparados, la experiencia argentina constituye una anomalía: en otros sistemas, la litigiosidad previsional es baja y los conflictos se resuelven mayormente en sede administrativa, con mecanismos automáticos de actualización y cumplimiento inmediato de precedentes.

FORES sostiene que la solución es política y administrativa, no judicial. Entre las medidas necesarias merecen ser destacadas:

• el respeto administrativo inmediato de la jurisprudencia firme;
• mecanismos previsibles y transparentes de actualización de haberes;
• estrategias de descongestión que preserven el rol institucional de la Corte;
• y estadísticas previsionales integradas que permitan anticipar impactos fiscales y judiciales.

Persistir en la actual dinámica implica seguir utilizando al Poder Judicial como un mecanismo de ajuste indirecto, en perjuicio de los jubilados y de la calidad institucional. Una justicia eficaz comienza por una administración que respete el derecho vigente.

Pablo A. Pirovano / Presidente          Maria Julia Fornari/ Secretaria

Un sistema de justicia egocéntrico sólo provoca caos

FORES destaca el profundo valor institucional que representa la restitución de Cecilia Goyeneche en su cargo de Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos. Su actuación en investigaciones de corrupción pública, sostenida con independencia de criterio y apego al derecho aun frente a fuertes presiones institucionales, constituye un ejemplo de la función que la Constitución asigna al Ministerio Público: investigar con autonomía, sin condicionamientos políticos y en defensa del interés público. La independencia de fiscales y jueces es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de Derecho.

Es a la vez digno de resaltarse, el rol institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya intervención permitió revisar un proceso disciplinario que había vulnerado garantías básicas del debido proceso. El control constitucional ejercido por el máximo tribunal reafirma que ninguna decisión institucional puede quedar al margen de las garantías fundamentales ni sustraerse al control judicial.

Este episodio deja como enseñanza que; cuando las instituciones funcionan y los controles constitucionales se ejercen con independencia, los desvíos institucionales pueden ser corregidos. Esa lección adquiere particular relevancia frente a la crisis institucional que atraviesa la provincia de Santa Cruz, donde recientes decisiones adoptadas por una facción del Tribunal Superior de Justicia han generado un serio conflicto dentro del gobierno provincial, poniendo en tensión el principio republicano de división de poderes.

La independencia judicial es un principio esencial de la República. La fortaleza del sistema institucional exige jueces independientes, y sin duda también, magistrados que actúen dentro de los límites que establece la Constitución y respeten el equilibrio republicano.

FORES reafirma, en este contexto, su compromiso histórico con la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y el fortalecimiento de instituciones que garanticen justicia efectiva, transparencia y responsabilidad pública. Solo con jueces y fiscales independientes (y con controles constitucionales robustos), es posible construir una Justicia confiable al servicio de la ciudadanía.

Pablo A. Pirovano / Presidente                  Maria Julia Fornari / Secretaria