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ENTREVISTA

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Ignacio Sanz es abogado desde hace más de veinte años. Desde el mes de mayo de 2020 lidera las prácticas de Derecho Público y Asuntos Gubernamentales y de Investigaciones Internas y Compliance en Zang, Bergel & Viñes Abogados.

¿Qué significa incorporarse a ZBV Abogados en medio de la crisis del COVID-19?

Muchas cosas. Lo principal es que la firma no se “achica” ante situaciones difíciles, mantiene sus objetivos estratégicos y los ejecuta. En la práctica es un inconveniente no estar físicamente junto con mis colegas, socios y asociados, pero también es una aventura. Ya lo dijo G. K. Chesterton: “Una aventura es sólo un inconveniente bien mirado; un inconveniente es una aventura considerada de un modo equivocado.” La firma cuenta con los sistemas para que podamos trabajar eficiente y seguramente en forma remota y todos nos hemos adaptado muy bien a estas circunstancias.

 

Ignacio Sanz, incorporado al estudio durante la etapa de aislamiento social, recibe la bienvenida de sus compañeros de trabajo de manera virtual.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en la nueva posición?

En términos generales, poder ofrecer rápidamente y eficazmente los servicios de alta calidad que el mercado demande. Dada la incertidumbre creada por la crisis del COVID 19 sobrepuesta a la situación en la que ya se encontraba la Argentina -sujeta al resultado de la renegociación de su deuda soberana- anticipar con precisión cuáles son esos servicios no resulta fácil.

En particular, en el área de Derecho Público, mucho dependerá en buena medida de la actitud que tome el gobierno nacional en relación con el sector privado: cooperación inteligente -incluyendo reformas regulatorias adecuadas y simplificaciones que faciliten la creación de riqueza y trabajo- o antagonismo, con medidas que impliquen una (aún mayor) intervención regulatoria. Los primeros meses de la administración del Presidente Fernández mostraron una inclinación hacia esta última posición. En tal caso, los clientes continuarán requiriendo de nosotros principalmente servicios “defensivos” (análisis de situación, propuestas para evitar o minimizar potenciales conflictos, manejo de crisis regulatorias, etc.) y, en el peor de los casos, asistencia en conflictos judiciales o arbitrales derivados de medidas estatales.

En relación con el área de Compliance, además de la continuidad de las tareas vinculadas a actividades anti-lavado y de gobierno corporativo en general existe una gran incertidumbre acerca de la aplicación de normas como la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. ¿Habrá un período de “latencia” o comenzará a ser aplicada? Y en este último caso ¿cuáles serán los criterios que adoptarán los fiscales y los jueces para interpretar la ley, dada la amplitud de muchos de sus términos? 

Y lo principal es que las empresas locales con exposición a la aplicación de normas anticorrupción extranjeras deberán estar muy en guardia en caso de una política de mayor intervención regulatoria: la mayor intervención crea un ambiente más favorable a los casos de corrupción y las autoridades extranjeras encargadas de aplicar estas normas lo saben muy bien.

Pasada la pandemia, ¿cuáles serán los temas a atender respecto a derecho público?

Muchos. Pero diría esto: el gran tema en la agenda regulatoria argentina es volver a crecer y qué papel juegan los sectores regulados en facilitar ese crecimiento. Nuestra infraestructura sigue siendo -en general- muy deficiente, lo que se ve de modo muy claro, por ejemplo, en el sector del transporte. El gran tema a atender es el de generar las condiciones propicias para canalizar la enorme inversión, principalmente privada, que requieren los sectores regulados. Eso requiere una mirada de largo plazo, reglas claras y estables, tribunales en los que todos confíen y sean imparciales y expeditivos. Si no se toman medidas rápidamente en esta materia tendremos una infraestructura cada vez peor, lo afectará gravemente a toda la economía nacional.  

Al margen de Vaca Muerta, ¿qué otros temas cree que serán importantes respecto a energía?

El futuro de Vaca Muerta, más allá de su potencial indudable, es muy opaco actualmente debido a la enorme caída de los precios del petroleo y de la caída de la demanda interna. Es posible que el gobierno nacional adopte medidas que permitan el desarrollo de la actividad hidrocarburífera allí a largo plazo pero también que tenga iniciativas contraproducentes (como ejemplo puede verse la preocupación de muchos especialistas y el rechazo de la Cámara de Empresas de Energía a las medidas actualmente bajo estudio en el sector upstream)– . Es un momento crítico.

Me preocupa especialmente el sesgo intervencionista mostrado por el gobierno nacional al intervenir el ENARGAS y el ENRE del modo en que lo hizo (desplazando a sus autoridades, designadas por concurso y poniendo en cuestión su nombramiento, que fue transparente e incuestionado). La política de remuneración a generadores eléctricos y de determinación tarifaria en sectores de transporte y distribución -tanto en gas como en energía eléctrica- puede llevar a repetir errores del pasado, desacoplando costos con tarifas, lo que tendría consecuencias potencialmente catastróficas. Y todo indicaría que los conflictos vinculados con proyectos de energía renovable adjudicados en la administración precedente aumentarán.

¿Qué se puede esperar del mercado argentino a futuro, en materia de compliance?

Hoy, en medio de la crisis económica argentina agravada por el COVID 19, veo dos tendencias: una -como decía antes-, a una mayor regulación de la economía, lo que tiene una relación directamente proporcional con la creación de un ambiente propicio para hechos de corrupción; la otra, una cierta tendencia de empresas que “luchan por sobrevivir” económicamente a quitar recursos y atención relativa a las acciones preventivas anticorrupción. La convergencia de estas tendencias me lleva a pensar que vamos a ver un incremento en las investigaciones internas en los próximos meses. Ello exigirá por parte de quienes las conduzcan -entre otras cosas- experiencia real en pesquisas similares (esencialmente, saber qué, cómo y donde buscar) y un conocimiento exhaustivo del sector público y del derecho administrativo argentino.

 

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¿Cómo vivió la evolución de la práctica de la profesión en los últimos años, y cómo cree que será luego de la crisis del COVID-19?

Desde el ejercicio privado de la profesión, pude ver que en los primeros dos años del período 2016-2019 hubo un enorme interés por la Argentina de parte de empresas  y firmas de abogados extranjeros. Esto era muy comprensible con una economía estancada desde el año 2011, con poquísima inversión extranjera y alta conflictividad. Hubo muchísimas consultas, viajes de negocios para explorar oportunidades, etc. Argentina “estaba de moda”, los estudios extranjeros querían incorporar foreign associates argentinos para estar posicionados, etc.  Se vio un enorme interés externo por proyectos de infraestructura, el que se materializó en los proyectos de energía renovable; el interés subsistió en mucho menor grado luego, como se vio en los proyectos PPP que pretendió impulsar el gobierno nacional. Los años 2018 y 2019 fueron mucho menos favorables y las expectativas de los actores nacionales e internacionales fueron decreciendo de modo marcado.

Creo que es justo decir que hoy hay una incertidumbre generalizada (y muy comprensible) en el mercado argentino, a pesar de que existen oportunidades muy interesantes para ciertas áreas profesionales, entre ellas, las de Derecho Público y Compliance. En Zang, Bergel & Viñes estamos convencidos de que a pesar de los “nubarrones”, el enorme potencial de la Argentina y la creatividad que requerirá encontrar soluciones jurídicas viables para ayudar  a ponerlo en marcha nos colocan en una situación excelente para atender las necesidades que surjan. Tenemos un equipo extraordinariamente talentoso y una enorme pasión por servir a nuestros clientes. 

Perfil:

Ignacio Sanz
Ignacio SanzSocio en Zang, Bergel & Viñes Abogados
Hasta su arrivo a Zang, Bergel & Viñes Abogados, Ignacio Sanz tuvo una etapa como profesional independiente. Anteriormente fue socio responsable del departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio y co-responsable del área de Compliance e Investigaciones Internas de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. En forma previa se desempeñó como Abogado Senior de M&M Bomchil Abogados en el área de Derecho Público y Arbitraje. Inició su actividad profesional en Sanz, Stramucci y Condorelli Abogados. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires” donde también realizó el curso de Especialización en Derecho Administrativo Económico. También ha realizado el Programa Ejecutivo en Certificación Internacional en Ética y Compliance – Universidad del CEMA (UCEMA) – Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).

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