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INFORME ESPECIAL

Presente y futuro de la crisis del COVID-19

Cómo atraviesan el hoy y cómo proyectan el futuro del negocio después de la pandemia en los estudios jurídicos.

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Federico Becerra

Becerra Abogados

¿Cómo está atravesando el estudio la crisis del COVID-19?

Como una oportunidad. La situación excepcional que vivimos nos llevó a replantearnos en varios aspectos la modalidad de trabajo y la relación con nuestros clientes.

Además, nos permite valorar lo que hemos construido y aprender a cuidarlo.

Por suerte nuestra cartera de clientes está muy atomizada, así que el efecto que tuvo la pandemia en algunos rubros específicos, no nos afectó en forma directa.

¿Cuáles fueron las principales medidas tomadas al respecto?

Por suerte en el estudio ya teníamos bastante aceitada la mecánica para el trabajo a distancia. Todos los abogados tienen las herramientas para hacer su trabajo desde cualquier lugar, con conexión con los demás integrantes del equipo y con acceso a todos los instrumentos que necesitan.

Como medidas adicionales, hacemos reuniones interactivas para compartir ideas y estrategias, tanto a nivel general como de parte de los distintos equipos de trabajo de los casos.

De la misma manera lo hacemos con nuestros clientes, ante la imposibilidad de mantener encuentros personales que solíamos hacer con mucha frecuencia.

La parte del trabajo que sufrió una mayor modificación, por supuesto, es la relación con los tribunales. En ese sentido, la digitalización de los expedientes que se hizo en los últimos años ayuda bastante, aunque creo que se queda corta. La justicia no logra aun modernizar los procesos y eso hace que la investigación de los casos se demore en forma preocupante.

¿Qué cambios cree que se producirán, pasada la pandemia? ¿Cree que la crisis generará algún tipo de oportunidad de negocios?

En nuestro ámbito, creo que lamentablemente las consecuencias económicas de la pandemia (sumadas a la ya complicada situación económica del país) van a provocar mucha litigiosidad para las empresas.

Este gobierno está mostrando que su forma de combatir las complicaciones económicas es a través de más y más regulaciones, y el derecho penal económico no va a ser ajeno.

Ya se están viendo las primeras intenciones en el campo del derecho penal cambiario y financiero, con la utilización de disposiciones que introducen nuevas reglas para las operaciones de cambio y las actividades financieras. Los incumplimientos a estas disposiciones son castigadas con sanciones de naturaleza penal, como está previsto en el Régimen Penal Cambiario, en la Ley de Entidades Financieras o incluso a través del control de la Unidad de Información Financiera.

Una muestra de ello se vio en las comunicaciones que emitieron recientemente la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la propia UIF en relación a las operaciones de contado con liquidación y dólar MEP. Si bien se trata de una operatoria que la justicia hace varios años consideró legal, a través de nuevas disposiciones de los organismos de control el Estado busca desalentar a los operadores y probablemente lo hará llevando la discusión nuevamente a los tribunales.

En definitiva, parece inevitable observar en el horizonte una nueva oleada de litigios penales impulsados por los distintos organismos del Estado, que buscarán desalentar cierto tipo de actividades a empresas y particulares, utilizando la amenaza de la sanción penal, que abarca tanto a las sociedades como personas jurídicas como a sus directores.

De todas maneras, hay que decir también que la justicia penal no va a avalar cualquier intención sancionatoria de los organismos del Estado. Al menos esa fue la experiencia de la última década, en la que debió intervenir en infinidad de sumarios, iniciados por BCRA, UIF, AFIP, ANSES, etc.

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