Por Javier Segura — abogado especialista en derecho migratorio argentino, fundador de Cassiopeia Immigration Services
Los asesores de patrimonio en Ginebra, Singapur y Dubai están hablando del pasaporte argentino.
El inversor de alto patrimonio dejó de pensar en la ciudadanía como identidad hace tiempo. Hoy es un activo estratégico tan legítimo como diversificar una cartera de inversiones. Conflictos geopolíticos, presión fiscal creciente en Europa, inestabilidad regulatoria en mercados que parecían seguros — la diversificación de jurisdicciones dejó de ser un lujo y pasó a ser una herramienta de gestión de riesgo. En ese mapa, Argentina tiene una posición mejor de lo que imagina.
Buenos Aires es, según el Economist Intelligence Unit, la ciudad con mejor calidad de vida de América Latina ocho de los últimos nueve años. Educación y salud por encima de Madrid, Miami y Sydney. Vida cultural que compite con cualquier ciudad europea. Un costo de vida que el inversor global no encuentra en ningún destino comparable. Más un pasaporte con acceso a 170 países.
Lo que nadie está calculando
Pero hay algo más que pocos están mirando.
El Art. 194 de la Ley 27.802 establece expresamente que obtener la ciudadanía argentina por inversión no genera por sí mismo residencia fiscal en Argentina. En concreto: el inversor obtiene la ciudadanía, el pasaporte y la movilidad global sin quedar automáticamente sujeto al impuesto a las ganancias sobre su renta mundial. Para un ejecutivo europeo que hoy tributa sobre renta global en Alemania, Francia o España, o para un norteamericano buscando diversificación fiscal, este punto no es un detalle técnico. Es parte central del cálculo. Ciudad de primer nivel, pasaporte con acceso global y un tratamiento fiscal diferenciado — los tres argumentos juntos hacen de Argentina una propuesta genuinamente competitiva a escala internacional.
Bien concebido. Mal ejecutado.
El Decreto 366/2025 diseñó un marco normativo sólido. Por primera vez en la historia argentina, un inversor extranjero puede obtener la ciudadanía sin requisito de residencia mínima, a cambio de una inversión relevante. Se creó una Agencia específica con due diligence serio — SIDE, UIF, Ministerio de Seguridad. La arquitectura institucional es correcta. Ese es el punto de partida que otros países tardaron años en construir y que Argentina tiene hoy.
El problema está en la ejecución.
Once meses después del decreto, la inversión mínima sigue sin definirse. El concurso para diseñar el programa fue cancelado en abril de 2026. Cero ciudadanías otorgadas bajo el nuevo esquema. El inversor que llegó interesado en 2025 hoy está mirando Portugal, Grecia, Malta — no porque Argentina sea peor, sino porque esos países le dicen cuánto invertir, en qué sector y cuándo recibe respuesta. Los inversores de alto patrimonio no le temen al riesgo. Lo gestionan. Lo que no toleran es no conocer las reglas del juego.
Los errores que otros ya cometieron
Portugal cometió un error evitable. Al aceptar inversión inmobiliaria como vía principal, generó lo que no anticipó: precios en Lisboa y Porto subieron 55% en una década, crisis habitacional, presión política, y en 2023 eliminaron esa vía. Argentina puede diseñar bien desde el inicio — inversión productiva, empleo, tecnología — y aprender sin pagar ese costo.
Estados Unidos lanzó la Trump Gold Card en diciembre de 2025 con fanfarria presidencial. Cinco meses después, aprobada para una sola persona. El motivo es simple: USD 1 millón de donación sin retorno. Cuando los asesores explican que es una donación y no una inversión, el interés se desvanece. El EB-5 americano, en cambio, lleva décadas funcionando porque exige creación de empleo y genera retorno al inversor. La diferencia entre ambos es la misma que Argentina tiene que resolver: sustancia versus espectáculo.
Lo que no puede permitirse
Los programas del Caribe ofrecen ciudadanía en cuatro meses desde USD 100.000, sin residencia, sin vínculo real con el país. Son legales y tienen demanda. Pero la UE los tiene bajo escrutinio por lavado y seguridad, y la ciudadanía que otorgan no juega en el mismo segmento que la argentina.
Vender el pasaporte argentino como si fuera una donación caribeña destruiría exactamente lo que lo hace valioso. Un activo con peso real no puede venderse como commodity sin dejar de tenerlo.
La pregunta que nadie se anima a hacer
¿Por qué Argentina lanzó un programa sin saber cómo iba a funcionar?
No es retórica. Es la pregunta que cualquier inversor internacional serio se está haciendo hoy. Y mientras no tenga respuesta, la demanda sigue activa — pero en otra dirección.
El programa está bien planteado. Tiene todo para funcionar. Lo que viene ahora es la parte difícil: ejecutarlo con la seriedad que el activo merece. Porque si Argentina lo hace bien, no compite con el Caribe ni con la Trump Gold Card.
Compite con Portugal. Y puede ganar.
Javier Segura es abogado especialista en derecho migratorio argentino y fundador de Cassiopeia Immigration Services (www.cassiopeia.com.ar), dedicado exclusivamente a movilidad corporativa, residencias y ciudadanía para ejecutivos e inversores internacionales.