Por Ana Clara Gómez Casadei – Guillermina Widmer / Mitrani Caballero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se pronuncia frecuentemente sobre cuestiones previsionales. Cuando lo hace, cada palabra importa. El fallo "Achile" no resuelve el fondo del recálculo del haber inicial ni se expide sobre la movilidad; sin embargo, ofrece señales claras sobre tres garantías procesales cuya vulneración arrastra consecuencias directas para miles de expedientes en trámite: el deber de tratar agravios conducentes, el principio de congruencia y los límites a las cargas probatorias introducidas de oficio. El presente comentario procura identificar el impacto práctico de esas señales para abogados litigantes y operadores del fuero previsional.
Los hechos del caso.
El Sr. Miguel Ángel Achile, beneficiario de una prestación previsional otorgada en 2007 bajo el régimen de la ley 24.241, inició demanda contra ANSeS reclamando el recálculo de su haber inicial y el reajuste de su beneficio, con pago de diferencias retroactivas e intereses. Según el actor, su reclamo administrativo fue expresamente rechazado, por lo que solicitó la nulidad de la resolución administrativa denegatoria.
La sentencia de primera instancia.
El Juzgado Federal de Bell Ville rechazó la demanda en noviembre de 2014. La decisión se fundó en dos argumentos centrales.
En primer lugar, respecto del haber inicial, sostuvo que el mismo "no fue objeto de impugnación alguna desde la fecha de su otorgamiento, por lo que ha adquirido firmeza, incluso en cálculo originario, por el consentimiento vislumbrado por la beneficiaria atento a la inacción de todo el tiempo transcurrido desde la adquisición del derecho hasta la solicitud de reajuste". Es decir, aplicó la doctrina de la cosa juzgada administrativa por no haberse recurrido la resolución que fijó el haber inicial dentro del plazo previsto en la ley 19.549.
En segundo lugar, en materia de movilidad, consideró que, dado que el derecho previsional se adquirió en 2007, no resultaba aplicable el precedente "Badaro" (Fallos: 330:4866), ya que a partir de la ley de presupuesto 26.198, los decretos 1346/2007 y 279/2008, y luego la ley 26.417, se establecieron incrementos a través de sucesivas resoluciones. Concluyó que, al haber contemplado el legislador el reajuste respectivo, no se advertía afectación a garantía constitucional alguna.
La sentencia de Cámara.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó la decisión de primera instancia el 7 de junio de 2019. El recurso de apelación de ANSeS fue declarado desierto por vencimiento del plazo para expresar agravios.
Ahora bien, el tratamiento del agravio del actor resulta particularmente relevante para comprender la intervención posterior de la Corte. La Cámara no analizó el argumento sobre la supuesta firmeza del haber inicial por aplicación de la ley 19.549 —que era precisamente el agravio central del actor contra la sentencia de primera instancia—.En su lugar, introdujo un argumento distinto: afirmó que el actor "no ofreció prueba pericial contable al momento de la interposición de la acción, razón por la cual puede concluirse en que la prueba receptada en la causa no resultó suficiente para lograr la acreditación del perjuicio patrimonial que aduce".
Para reforzar esa conclusión, la Cámara citó jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de la Seguridad Social sobre la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.
El recurso extraordinario y la decisión de la Corte.
El actor interpuso recurso extraordinario federal cuya denegación originó la queja resuelta por la Corte. Los agravios fueron esencialmente dos: primero, que la Cámara debió haber tratado el cuestionamiento a la doctrina de firmeza del haber inicial por aplicación de la ley 19.549, por tratarse del "argumento basal" del fallo de primera instancia; segundo, que la exigencia de acompañar una pericia contable con la demanda fue introducida de oficio por el tribunal, en violación del principio de congruencia y del derecho de defensa.
La Corte —con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia, ordenando el dictado de un nuevo pronunciamiento. Los fundamentos se articulan en tres ejes:
Primero: omisión de tratamiento de un agravio conducente. La Corte constató que la Cámara omitió dar tratamiento al agravio referido a la firmeza del haber inicial. Señaló que, si bien la cuestión remite en principio a temas de hecho, prueba y derecho común ajenos al art. 14 de la ley 48, ello no es óbice cuando el tribunal "ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia de conformidad con los planteos conducentes para la solución del caso, las normas aplicables y las circunstancias comprobadas de la causa" (doctrina de Fallos: 317:638; 344:983; 344:3547 y 348:756). Calificó al planteo como "conducente para la solución de este caso" que "debió haber sido tratado por el tribunal a quo".
Segundo: violación del principio de congruencia. La Corte advirtió que la exigencia impuesta por la Cámara de acompañar una pericia contable para acreditar que el cálculo del haber inicial provocó un daño económico constituía una obligación que "no había sido solicitada ni debatida por las partes, de modo que con tal proceder la alzada ha excedido los límites de su jurisdicción". Recordó que "la jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 301:925; 304:355; 338:552; 341:1075).
Tercero: apertura federal por afectación de garantías constitucionales. La Corte señaló que la crítica vinculada con la afectación del principio de congruencia suscita cuestión federal, pues "si bien es cierto que, en principio, la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena a este ámbito excepcional, ello no constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción" (Fallos: 341:1075).
La sentencia fue descalificada con arreglo a la doctrina de arbitrariedad y devueltas las actuaciones para que se dicte nuevo pronunciamiento.
Impacto práctico para el litigio previsional.
La primera enseñanza es directa: una cámara no puede eludir el tratamiento de un agravio central mediante el recurso de sustituirlo por otro argumento de su propia cosecha. En el fuero previsional, donde los expedientes acumulan años de trámite y los jubilados litigan contra el deterioro de sus haberes, la omisión de tratar un planteo conducente no es un defecto menor: es arbitrariedad con consecuencias patrimoniales concretas.
Para el litigante previsional, la pauta es clara: cuando el agravio contra primera instancia se centre en un argumento "basal" del fallo —como la supuesta firmeza del haber por aplicación de la ley 19.549—, y la alzada omita tratarlo, queda habilitada la vía extraordinaria por arbitrariedad de sentencia.
El segundo eje del fallo tiene consecuencias de enorme alcance práctico. La Cámara exigió que el actor hubiera acompañado una pericia contable al momento de promover la demanda para demostrar el perjuicio patrimonial. Ese requisito no había sido planteado por ANSeS, no formaba parte de la traba de la litis y no fue introducido en la etapa probatoria por ninguna de las partes.
La Corte fue tajante: si la exigencia no fue "solicitada ni debatida por las partes", el tribunal excede los límites de su jurisdicción al imponerla. Esto tiene una aplicación inmediata en el universo de reclamos previsionales, donde algunos tribunales exigen estándares probatorios que nunca formaron parte del debate procesal: pruebas periciales no ofrecidas oportunamente por la parte que debía hacerlo, exhibición de recibos de haberes no requerida en la contestación, o cálculos actuariales que no figuran en el temario pericial aprobado.
Tal vez el aspecto más significativo para la práctica sea la calificación que la Corte hace del principio de congruencia: no lo trata como una mera regla procesal de alcance infraconstitucional, sino como una garantía "que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional". Ello implica que su vulneración suscita cuestión federal suficiente para habilitar el recurso extraordinario, aun cuando la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis sea, en principio, materia ajena a esa vía.
Sin embargo, "Achile" no define si el haber inicial tenía o no firmeza, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de la ley 19.549 a los reclamos de recálculo previsional, ni establece qué prueba es necesaria para demostrar el perjuicio patrimonial derivado de un mal cálculo inicial. Esas cuestiones quedan diferidas al nuevo pronunciamiento que deberá dictar la Cámara Federal de Córdoba.
Sin embargo, la Corte deja pautas implícitas que el tribunal de reenvío difícilmente pueda ignorar: deberá pronunciarse sobre el argumento de firmeza del haber; no podrá exigir prueba que no fue debatida por las partes; y deberá resolver dentro del marco de la litis tal como fue trabada.
Conclusiones para la práctica.
Para el abogado litigante en materia previsional, "Achile" aporta herramientas concretas:
En primer lugar, al expresar agravios ante la Cámara, conviene jerarquizar con claridad cuál es el "argumento basal" del fallo de primera instancia e insistir en su tratamiento, de modo que su omisión sea fácilmente demostrable como arbitrariedad. En segundo lugar, frente a sentencias que rechazan reclamos por falta de prueba no exigida en la traba de la litis, el camino está marcado: recurso extraordinario por violación del principio de congruencia con base constitucional (arts. 17 y 18 CN). En tercer lugar, el fallo refuerza que en los procesos previsionales rigen las mismas garantías del debido proceso que en cualquier otra materia: el jubilado no puede ser sorprendido con exigencias probatorias que no tuvo oportunidad de conocer, debatir ni satisfacer.
En una materia donde la Corte Suprema habla poco, cada pronunciamiento es una brújula. "Achile" no nos dice hacia dónde va el recálculo del haber, pero señala —con nitidez— cómo no debe resolverse un caso previsional.