La convocatoria promueve la realización de cursos para docentes y alumnos en áreas y temáticas insuficientemente desarrolladas en la formación de los operadores jurídicos. Los proyectos seleccionados recibirán financiamiento del Ministerio de Justicia para su implementación y quedarán a disposición de las universidades (ver proyectos seleccionados en: http://www.jus.gob.ar/convocatoriapfava.aspx).
Los ejes temáticos para los cursos fueron agrupados en nueve categorías o “áreas de vacancia”: Investigación Jurídica; Gestión de conflictos, negociación y mediación; Prueba; Destrezas para el litigio; Ética Profesional; Práctica Profesional; Razonamiento y decisión judicial; Gestión Judicial y Contenidos Transversales –todos contenidos que en su mayoría no están incluidos en los programas troncales de estudio de las carreras de Abogacía-.
La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de un Comité Asesor, integrado por Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti, Gabriela Fairstein y Daniel Scarfó, académicos de prestigio con una extensa experiencia docente.
Martín Böhmer, director de la DNRECASO, celebró la buena recepción de la iniciativa: “Superó nuestras expectativas, no sólo por la cantidad de proyectos recibidos, sino por la calidad de los equipos conformados, a los que se sumaron organizaciones de la sociedad civil y redes universitarias. También quisiera destacar el carácter federal de esta convocatoria que tuvo respuesta de dieciocho provincias”.
De un total de noventa y cinco proyectos presentados, treinta y seis recibirán financiamiento del Ministerio de Justicia para llevar a cabo el desarrollo de los cursos, incluyendo el programa, bibliografía, material pedagógico para alumnos y un manual para docentes.
Un servicio público para universidades
En un plazo de seis meses, las unidades académicas deberán presentar los proyectos terminados y quedarán a disposición de universidades y casas de estudio que deseen implementarlos. “Para nosotros es muy importante ofrecer esta iniciativa como un bien público, porque consideramos que son herramientas fundamentales para los nuevos profesionales del Derecho”. Böhmer precisó que el éxito de la convocatoria “obedece evidentemente a una necesidad de actualización de los programas en virtud de las nuevas demandas de la profesión y de las exigencias de nuestra democracia constitucional”.
Antecedente del PFAVA
La convocatoria surge a raíz de un trabajo conjunto que llevan adelante los ministerios de Justicia y Educación junto a decanos de universidades nacionales, una iniciativa que tuvo sus orígenes con la gestión del gobierno anterior y que continúa en la actualidad.
A la luz de las reformas legislativas y de las nuevas disposiciones de la Ley de Educación Superior, a mediados de abril de 2016 en una mesa de trabajo -de la que participaron la DNRECASO de la cartera de Justica, el Consejo Permanente de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación -, se establecieron los principales lineamientos para la mejora de la formación de los abogados.
En este marco se delinearon las principales “áreas de vacancias” y el conjunto de destrezas y habilidades que demandaban de una mayor especialización de los operadores jurídicos y que hoy, luego de esa etapa preliminar de diagnóstico, están reflejados en los proyectos del PFAVA. Asimismo, Böhmer mantuvo reuniones con el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas quienes se sumaron a la convocatoria.