La problemática del caso Vicentin -llamado a ser un verdadero “leading case” de la jurisprudencia argentina- no solo tuvo total difusión en todos los medios gráficos -sin excepción- de nuestro país, sino que trascendió a los más importantes portales del mundo.
Días atrás, el Juez Lorenzini a cargo del concurso de Vicentin, resolvió luego del DNU por parte del Ejecutivo que nombraba a los interventores en Vicentin, que la administración de la empresa debía regresar a sus accionistas y que los actuales interventores del PEN permanezcan meramente en calidad de veedores.
Como suele suceder, el fallo trajo aparejados comentarios a favor y en contra en referencia a la doctrina del mismo. Algunos autores adhirieron al mismo haciendo hincapié en que el único director del proceso concursal es el juez y, como tal, sería una suerte de atropello la injerencia de otro de los poderes del Estado, en este caso, el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, violando un principio elemental republicano en cuanto a la división de poderes. En tanto, otros autores sostuvieron que el juez concursal no puede modificar o modular la naturaleza de la intervención administrativa sin -en el mismo acto- declarar su inconstitucionalidad.
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