El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su apoyo a la reciente decisión del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, de reglamentar el concurso público para la preselección de los funcionarios que integrarán la Autoridad Nacional de la Competencia prevista en la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia, así como también de avanzar con la conformación del jurado que realizará la evaluación de los candidatos.
La creación y efectiva puesta en funcionamiento de un organismo técnico, autónomo e independiente encargado de prevenir y sancionar conductas anticompetitivas y controlar ciertas concentraciones económicas constituye un paso central hacia el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la consolidación de un sistema económico basado en la transparencia, la eficiencia y el respeto por la ley.
Una verdadera economía de mercado requiere, para su pleno desenvolvimiento, de un marco jurídico previsible que garantice la libre competencia y evite los abusos de posición dominante, la colusión y otras prácticas lesivas del interés económico general. En este sentido, resulta imprescindible que los órganos de control gocen no solo de autonomía funcional, sino también de legitimidad institucional, la cual se construye a partir de procedimientos objetivos y abiertos para la designación de sus integrantes.
La convocatoria a concursos públicos, con reglas claras y participación de jurados idóneos, se enmarca en una cultura de transparencia y profesionalismo en la gestión pública que merece ser reconocida y promovida. El paso dado por la actual Administración en esta materia debe ser valorado no solo por su adecuación a los estándares legales vigentes, sino también por reafirmar el compromiso con los principios de imparcialidad y rendición de cuentas que deben regir toda actuación estatal.
La defensa de la competencia no es un asunto secundario en la agenda pública, ni una cuestión meramente técnica: está íntimamente ligada al bienestar de los consumidores, a la promoción de la innovación y al desarrollo económico justo y equitativo del país. Su eficacia depende, en gran medida, de que las decisiones se adopten con sustento en criterios jurídicos y económicos objetivos, y por autoridades que puedan ejercer sus cargos con independencia y solvencia, tanto profesional como moral. Si bien los funcionarios que actualmente tienen a su cargo la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia son probos técnica y moralmente, resulta necesario, pues dicha ley así lo establece, que se conforme sin más dilaciones la Autoridad Nacional de la Competencia y que los candidatos a integrar los cargos concursen en un proceso abierto y transparente.
Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reafirmamos nuestra convicción de que el respeto por las instituciones y el debido cumplimiento de las leyes son condiciones indispensables para la vigencia del Estado de Derecho. En ese marco, trabajar para la plena operatividad de la Autoridad Nacional de la Competencia, mediante la implementación de procesos de selección acordes con los valores republicanos, representa una conquista relevante que merece ser celebrada y respaldada.
El Directorio