por Fernando Peyretti, Gerente del área de Fraude, Investigaciones y Disputas de BDO
Para lograr un entendimiento profundo del impacto del Fraude en las organizaciones en Latinoamérica, es relevante comprender las características de las organizaciones que desarrollan actividades en esta región, y para ello, utilizaremos como descriptores de esta cuestión, los resultados y conclusiones de “El Mapa del Fraude Corporativo en América Latina 2018/2019”, publicado por BDO.
Este estudio se llevó adelante a través de un relevamiento desarrollado en 18 países de Latinoamérica, en el cual, el 67% de las respuestas analizadas provinieron de empresas privadas de origen nacional, y un 18% de empresas privadas de origen multinacional; obteniéndose un 85% de las respuestas de empresas. Del total de encuestados por este estudio, un 52% corresponde a personas con cargos directivos en sus organizaciones.
Así mismo, el 76% de las organizaciones que participaron de este estudio tienen hasta mil empleados, y el 54% tienen ventas por diez millones de dólares por año.
En cuando a los sectores más representativos, los cuales consolidan un 59% de las respuestas, observamos lo siguiente: el sector de “Servicios” aportó un 20% de las respuestas, “Bancos y compañías aseguradoras” un 14%, “Ventas al por menor” un 13% y las “Empresas Industriales” un 12%.
En un contexto en el que año tras año se observa un mayor enforcement de la FCPA, es trascendental comprender el contexto en el que las compañías desarrollan sus actividades en Latinoamérica, para dimensionar adecuadamente los riesgos específicos a los que las compañías están expuestas en Latinoamérica, que pueden generar potenciales sanciones bajo la aplicación de la FCPA.
El fraude corporativo, como fenómeno organizacional, sabemos que afecta a todas las organizaciones, y las pérdidas generadas por los casos de fraude, además de impactar directamente sobre las empresas involucradas también se trasladan a inversionistas, proveedores, al sistema financiero, y a las comunidades en las que ocurren dichos casos. Sin embargo, en América Latina, el 69% de los encuestados ignora el impacto que tiene el fraude corporativo en las organizaciones para las que trabajan. Identificándose que solo el 17% de las organizaciones consideran estar realmente preparadas para prevenir, detectar y dar respuesta al Fraude Corporativo como fenómeno que afecta a las organizaciones. En este contexto, solo el 31% de las organizaciones declararon haber sido víctimas de algún tipo de fraude, y de este porcentaje se obtuvo un promedio de 13 casos de fraude por año, detectados para el conjunto de organizaciones que lograron dimensionar la ocurrencia de este fenómeno.
Cuando nos referimos a esquemas de fraude desarrollados en el contexto de las organizaciones, los mismos se subdividen en tres categorías:
Las cuales, a nivel internacional, en términos de frecuencia, implica que la mayor cantidad de esquemas que se producen están dentro la categoría, “Apropiación Indebida de Activos” (en un 89% de los casos), seguidos por esquemas categorizados dentro de “Corrupción” (en un 38% de los casos), y por último “Estados Financieros Fraudulentos” (en un 10% de los casos)[iv]. La sumatoria porcentual excede el 100%, ya que en las mediciones internacionales realizadas por el ACFE, se contemplan esquemas de fraude que por sus particularidades se han categorizado en más de una categoría.
Respecto de la realidad latinoamericana, nos encontramos con un escenario distinto al internacional, en “El Mapa del Fraude Corporativo en América Latina 2018/2019”, se identificó que la primera categoría de esquemas de fraude en la región es “Corrupción” con un 52%, en un segundo lugar, “Apropiación Indebida de Activos”, con un 45%, y en un tercer lugar, “Estados Financieros Fraudulentos” con un 3%.
Una característica significativa de la categoría “corrupción” es que incluye los esquemas de fraude típicamente desarrollados por los mandos medios de las organizaciones, y desde la perspectiva de riesgo de incumplimientos que deriven en sanciones por aplicación de la FCPA, esta categoría es la que implica mayores riesgos, presentando, el escenario latinoamericano, un contexto que requiere dimensionar adecuadamente este riesgo, y en consecuencia adoptar estrategias para gestionarlo.
Continuando con la descripción de la realidad regional, respecto de la detección, encontramos que las denuncias representan la primera categoría, esto si bien está alineado a la realidad internacional; ya que a nivel global, los esquemas de fraude se detectan en un 40%, como consecuencia de reportes[v]; en América Latina, solo un 32% de los casos se detectan a través de reportes (de los cuales el 23% son denuncias que no fueron canalizadas a través de Línea de reporte, y el 9% sí fueron canalizadas a través de estos dispositivos)[vi]. Según nuestras conclusiones, la región muestra en este punto un todavía incipiente uso de estas herramientas, que de mantenerse la tendencia, se logrará alcanzar un porcentaje similar al de las estadísticas internacionales.
Desde la perspectiva de las organizaciones latinoamericanas, en la actualidad, los entornos de control interno aún tienen rasgos de inmadurez, ya que al momento de describirse las causas que posibilitan la ocurrencia de esquemas de fraude, se destacan las siguientes:
- Ausencia de control interno 42%
- Deficiencia de control interno 61%
- Deficiente supervisión por la gerencia o alta dirección 50%
- Directivos que no inspiraron una cultura ética 32%
- Ausencia de personal calificado en la supervisión de controles 42%
- Ausencia de auditores independientes 16%
- Jerarquía poco clara 15%
- Esquema de reportes de información insuficientes 25%
- No sabe 4%
- Otro 6%
Adicionalmente, y reforzando lo mencionado previamente, se concluyó que el 55% de las investigaciones de fraude no estuvieron basadas en un protocolo de investigaciones previamente establecido, y que en el 40% de los casos las habilidades técnicas no fueron suficientes para aportar las evidencias apropiadas para el caso investigado.
Respecto del perfil de los defraudadores, en América Latina se identifican tres tipos consolidados de defraudadores, los más significativos incluyen personas de 31 a 40 años de edad (involucrados en el 50% de los casos detectados), personas de hasta 30 años (involucrados en el 29% de los casos detectados), y un tercer rango etario de personas de entre 41 a 50 años (involucrados en el 29% de los casos detectados). Desde el punto de vista de los potenciales defraudadores, estas cifras nos muestran un escenario de mucha complejidad, ya que se observa que la ejecución de esquemas de fraude trasciende e involucra a todos los miembros de las organizaciones.
Por último, y analizando los elementos que típicamente implementan las organizaciones en Latinoamérica para gestionar los riesgos de incumplimiento de FCPA, los programas anticorrupción presentes en Latinoamérica muestran una clara necesidad de rápida actualización para desarrollar una gestión de riesgos de incumplimientos de FCPA adecuada.
La presencia de un sistema robusto de controles anticorrupción puede ser un poderoso elemento disuasorio, así como un mecanismo de prevención, detección, y respuesta frente a la corrupción.
Sin embargo, los programas de Compliance se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo en Latinoamérica, siendo las empresas multinacionales quienes tienen mayor experiencia en estas prácticas. Actualmente las organizaciones en Latinoamérica manifiestan tener programas anticorrupción con los siguientes elementos:
- Código de Ética y Conducta (en un 67% de los casos);
- Función de Auditoría Interna desarrollada (en un 59% de los casos);
- Canales de Denuncia (en un 50% de los casos);
- Análisis de Riesgos de Fraude (en un 35% de los casos);
- Capacitaciones anuales (en un 31% de los casos);
- Procedimientos de Debida Diligencia de integridad (en un 29% de los casos);
- Protocolos de Investigación (en un 19% de los casos);
- Monitoreo de Indicadores de Fraudes (en un 16% de los casos);
- Controles antifraude en sus procesos (en un 12% de los casos);
De forma complementaria, el 41% de los encuestados considera que la cantidad de casos de fraude aumentará durante el 2019, y en los países que ya cuentan con regulaciones anticorrupción, señalando los más importantes: Argentina, Brasil,
México, Colombia, Perú, y Chile; solo el 38% de las organizaciones tienen conocimiento del impacto que generan estas normas en sus organizaciones.
Como conclusión, desde el punto de vista de las organizaciones en Latinoamérica, nos encontramos con organizaciones que tienen un bajo nivel de conocimiento respecto de los esquemas fraudulentos de los que son víctimas, y un desarrollo de programas de Compliance Anticorrupción muy incipiente, e insuficiente para prevenir, detectar y dar respuesta al desarrollo de esquemas de fraude que involucren a las organizaciones, y que pudieran implicar incumplimientos respecto de la FCPA; en una región que adicionalmente también se encuentra en pleno desarrollo de normas anti-corrupción en muchos de sus países, y con un enforcement cada vez más fuerte por parte de los reguladores de EE.UU.
Este cambio de paradigma que estamos viviendo en la actualidad, implica como requisito básico de toda organización que desee desarrollar actividades de forma sustentable, la implementación de programas de Compliance Anticorrupción, como parte de su estrategia de negocios.