El presente de O'Farrell

Uriel O’ Farrell es socio principal del Estudio O´Farrell, desarrolla su área de especialización en derecho societario, fusiones y adquisiciones y en energía.

¿Cómo es el presente del estudio?

Uriel O’Farrell: El presente de nuestra firma reconoce, según nuestra visión, un enorme potencial. Contamos con una estructura de socios con la diversidad generacional necesaria para conjugar una gran experiencia con la innovación que proponen los socios más jóvenes, con creciente participación de mujeres en todos los estratos de la firma, y un equipo de administración de gran experiencia, ahora liderado por un Gerente General experimentado, que nos provee todo su conocimiento y expertise para la mejora continua de nuestra gestión.

La estructura de socios muestra tres segmentos generacionales que contribuyen y fundamentan tal optimismo. En mi caso, me desempeño como Senior Partner, con prácticas en Corporate, M&A y Energía-, Daniel H. Calatrava -nuestro Managing Partner, resolución de disputas, junto con Fernando García Pullés -Derecho Público, Constitucional y Procesal- y Miguel A. M. Tesón -Derecho Tributario-, aportan la experiencia adquirida en sus dilatadas y exitosas carreras profesionales, que coloca a cada uno de ellos en lugares de liderazgo de las prácticas legales que llevan adelante. Un segmento medio compuesto por Jorge I. Muratorio -Derecho Público, Administrativo y Constitucional-, José Luis Zapata -Derecho Laboral Empresario-, Agustín Siboldi -Energía, Telecomunicaciones, Sectores Regulados y Defensa de la Competencia- y Francisco Astolfi -Litigios- los siguen, con ya unos cuantos años de experiencia y un claro posicionamiento de liderazgo en sus áreas de práctica. Luego, el potencial se ratifica cuando uno observa los socios que representan el futuro de O´Farrell más allá de nuestros tiempos, con colegas de enorme experiencia y valía: Juan Pablo Fratantoni -Corporate y M&A, Sebastián Luegmayer -Financing-, y Ernesto Gento -Corporate- que conforman nuestro equipo de Corporate junto conmigo. Agustina Fanelli Evans -Derecho Público, Constitucional y Solución de Disputas, se integra con Fernando García Pullés, Jorge Muratorio y Agustín Siboldi al equipo de Derecho Público y Regulación Económica. Guillermo Lalanne, Valeria Estathio y María Celina Valls integran un gran equipo en materia de tributación nacional, provincial y municipal, así como en lo que hace a Precios de Transferencia.

También hemos logrado incorporar talentos a nivel de abogados seniors y semiseniors, a través de la incorporación como off counsels de Eduardo Calvo -Compliance y Corporate- y Estanislao Mezzadri -Propiedad Intelectual- así como mediante la retención de los profesionales que hemos identificado con mayor potencial; que se integran a un importante segmento de abogados seniors que ya formaban parte de nuestro valioso equipo.

Además de las áreas de práctica de Compliance y Propiedad Intelectual, incorporadas en los últimos tiempos, hemos sumado la práctica del Derecho Aeronáutico, a través de un gran equipo liderado por Jorge I. Muratorio; y hemos consolidado nuestras áreas de recursos naturales, con énfasis en energía; grandes industrias (automotrices, alimenticias, etc.); telecomunicaciones; defensa de la competencia; entretenimiento; sin despreciar el desarrollo de las restantes áreas, que nos hacen una firma full service.

Estas circunstancias nos colocan en una inmejorable posición para explotar y potenciar el valor de nuestra marca en el mercado legal local e internacional.

¿Cómo hay que prepararse para la práctica de la abogacía a futuro?, ¿Cómo la imaginás?

UOF: La clave pasa -en nuestra visión- por incorporar la flexibilidad, creatividad, agilidad y generación de valor, que los tiempos -y particularmente nuestros cliente- demandan. Todos esos elementos a su vez se ven atravesados trasversalmente por la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica legal, que inexorablemente se incorporarán a nuestra cotidianidad. Se trata de herramientas como Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data y virtualización. Todas ellas se irán incorporando paulatinamente a creciente cantidad de sectores de la economía, y sin dudas al mercado de servicios legales, particularmente aquellos que están expuestos a mayores presiones competitivas, toda vez que tales herramientas aportan nuevos niveles de eficiencia, dado que permiten realizar tareas que hasta ahora insumían gran cantidad de horas humanas de trabajo (por ej. durante los procesos de due diligence) o bien involucraban la actuación de intermediarios (por ej. el escrow agent), así como empiezan a hacer posible la automatización en la ejecución de algunos contratos, proveyendo mayor seguridad transaccional. La virtualización, que se ha visto notoriamente potenciada a raíz de la pandemia causada por el virus COVID-19, ha demostrado ser muy eficiente para facilitar y llevar adelante encuentros muy productivos, que seguramente no eliminarán por completo las reuniones presenciales, pero seguro que se volverán parte de nuestra rutina cotidiana. Todo ello redunda en la necesidad de implementar nuevas aplicaciones y desarrollar las medidas de cyber security necesarias en tal ambiente virtual. En este sentido, tuvimos la suerte de haber decidido la implementación de Office 365 con anterioridad al inicio de la pandemia, lo que nos ha facilitado enormemente nuestras tareas, toda vez que nos provee de todas las herramientas necesarias para virtualizar nuestro trabajo, mientras permite y mejora la oportunidad para el trabajo en equipo, en conjunto con nuestros clientes.

Creemos que todo ello vino para quedarse y que reconocerá crecientes y profundos impactos en la forma de prestar servicios legales, con la progresiva incorporación de tecnología y virtualización. Ello, a su vez, nos ha llevado a replantear la continuidad del teletrabajo, seguro hasta tanto surja una vacuna contra el COVID-19, pero muy posiblemente más allá de ello, lo que nos lleva a redefinir por completo nuestras necesidades inmobiliarias a futuro.

Más allá del asesoramiento legal, ¿qué requerimientos ven que van sumando los clientes y cómo dan respuesta a éstos?

Jorge I. Muratorio: Ya hemos mencionado la necesidad de incorporar herramientas de cyber security a raíz de la creciente implementación de nuevas tecnologías, lo que sin dudas está siendo objeto de requerimiento explícito de nuestros clientes, que requieren conocer y en algunos casos auditar nuestros sistemas a fin de asegurar que no implican un riesgo para los suyos propios.

Otro aspecto que vemos de creciente interés por parte de nuestros clientes, y que hemos adoptado gustosos, es todo lo referido a las acciones preventivas contra la corrupción, a cuyo fin hemos establecido un Programa de Integridad, con su correspondiente oficial de cumplimiento, mecanismos de denuncia anónima, registración y seguimiento de denuncia, comité de tratamiento y resolución de ellas. Hemos complementado tal Programa de Integridad con un Código de Ética, que nos ha permitido formalizar lo que ha sido nuestra historia de transparencia en las relaciones con las autoridades y nuestros clientes. Asimismo, hemos presentado y capacitado a todos los integrantes del equipo O´Farrell en una y otra herramienta de gestión.

Por otra parte, hemos dispuesto hace ya algunos años la creación de diversos comités, cuyo foco son definidos como estratégicos, entre los que podemos destacar el de Recursos Humanos, donde apostamos fuertemente al desarrollo, reconocimiento y retención de talentos; el de Marketing y Comunicaciones, con creciente participación de todos los integrantes de nuestra firma, más allá de haber consolidado un equipo de trabajo con foco en ello, que discute, diseña y propone un Plan Anual de Marketing y Comunicaciones, junto con su plan de acciones (que incluye relacionamiento con los stakeholders nacionales e internacionales); el de Propuestas de Trabajo (chequeo de conflictos de intereses y pitching), y; en virtud de la crisis causada por la pandemia, un Comité de Crisis, que se ha reunido diariamente para lidiar con los desafíos que ella propuso.  

Entre las novedades del estudio mencionabas la renovación de la marca. ¿Cómo fue este proceso?

UOF: ¡Es un proceso que iniciamos en algún momento de 2004! Cabe recordar que por entonces éramos conocidos como el “Estudio de los Doctores O´Farrell”, expresada con una tipografía y formas que claramente necesitaban actualización. Nos propusimos así: modernizar y enriquecer la imagen general: presentarnos de forma actual, atractiva, para así capitalizar oportunidades; presentarnos como líderes: transformar al Estudio en un modelo y patrón de referencia para sus clientes y el mercado general; proyectar públicamente a sus líderes: lograr una mayor exposición y presencia pública, a través de una más activa política comercial y comunicacional; cohesionar el Estudio: lograr una cultura de trabajo integrada a nivel de todo el staff: socios, asociados, of counsels, abogados, asistentes, administrativos, corresponsales y firmas amigas. Esta renovación nos encuentra hoy pivoteando entre la identificación de Estudio O´Farrell y de O´Farrell Abogados – O´Farrell Attorneys at Law- a la que recurrimos crecientemente. Como parte de ese proceso adoptamos un logo consistente en un trébol, que recientemente empezamos a dejar de lado, para concentrarnos en O´Farrell.

¿Cómo se orienta el estudio en materia diversidad?

UOF: De hecho estamos orgullosos de que el 50% de nuestro equipo esté integrado por mujeres, que además reconocen un rol clave y protagónico en nuestro desempeño. Contamos con mujeres en todos nuestros segmentos, socias, of counsels, asociadas, abogadas, asistentes; predominan en nuestro equipo de administración y marketing y comunicaciones. Nos ocupamos de que las mujeres que se suman a nuestros equipos puedan mantener y crecer en sus carreras y creemos que contamos con una muy buena base de capital humano para ampliar su participación en áreas de mayor protagonismo. El próximo objetivo es explicitar una política de género, que ya ha transitado una primera etapa a través de nuestro Código de Ética, que busca detectar y solucionar cualquier resistencia que pueda sufrir tal proceso de integración.

¿Realizan trabajo Pro Bono?

Ernesto Genco: Desde O’Farrell participamos activamente en trabajo y actividades Pro Bono. El Estudio es miembro fundador de la Comisión Pro Bono, red de estudios jurídicos que nació en diciembre de 2000 por la iniciativa de un grupo de socios del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de canalizar y estimular el servicio de los abogados vinculado a temas de interés público. Desde ese entonces asistimos a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones barriales, asociaciones civiles, fundaciones e individuos en temas de interés público.

Por su actividad, nuestro Estudio ha sido reconocido en los últimos años como una de las firmas locales destacada como “Pro Bono Leading Lights” reconocimiento que otorga la publicación Latin Lawyer y el Vance Center de New York, por el trabajo y esfuerzo realizado para construir una infraestructura Pro Bono duradera tanto internamente como en el mercado legal.

Sabemos que hubo un reconocimiento a un integrante del estudio por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires…

Agustín Siboldi: Como decíamos al comenzar, contamos con un grupo de socios de dilatada trayectoria, destacándose sin dudas aquellos que conforman nuestro segmento de liderazgo. En efecto, Uriel F. O´Farrell, Daniel H. Calatrava, Fernando García Pullés y Miguel A. M. Tesón han alcanzado niveles de enorme realización profesional. Y los reconocimientos han empezado a llegar.

Es el caso de Fernando García Pullés, quien ha sido reconocido como “Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas” por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se prepara el estudio para enfrentar las crisis?

UOF: Las crisis que ha vivido nuestro país son numerosas y recurrentes y, desde O´Farrell Abogados hemos logrado superar cada una de ellas, por más de 130 años. ¡Esperemos que esta nueva crisis causada por la pandemia, que agrava sustancialmente las inconsistencias macroeconómicas y financieras argentinas, no sea la excepción!

Lo cierto es que desde el establecimiento de la pandemia y más allá del desconcierto inicial, hemos vivido un vertiginoso crecimiento de la demanda de nuestros servicios, por cuestiones relativas -justamente- a las medidas adoptadas por las Administraciones nacionales, provinciales y municipales con motivo de la pandemia. Ello, sin perjuicio de que paulatinamente vemos que se retoma el ritmo habitual de negocios, que esperamos crezca significativamente cuando se alcance la renegociación de la deuda soberana en ciernes y la economía encuentre su cauce hacia la normalización.

Yendo a lo concreto, la pandemia ha generado una enorme producción normativa que es motivo de consulta e interpretación constante a instancias de nuestros clientes, a quienes buscamos mantener informados día a día, acerca de las decisiones que pueden tener impacto en sus actividades.

¿Qué temas relevantes ven en materia laboral?

José Luis Zapata: El Estudio, así como la mayoría de las organizaciones a nivel mundial ha debido enfrentar y enfrenta actualmente un enorme desafío frente a un hecho nuevo y desconocido como es esta pandemia. Frente a esta situación de incertidumbre, la protección de nuestros abogados y de todo el personal como asimismo la garantía del mantenimiento de los servicios que brindamos a nuestros clientes ha sido nuestro norte en esta crisis. Se ha puesto a prueba exitosamente la flexibilidad de nuestra organización para continuar realizando el trabajo diario desde nuestros hogares, superando todos los escollos y acelerando el proceso inevitable del impacto de la tecnología y de las nuevas formas del trabajo. El trabajo remoto afortunadamente no ha afectado la capacidad de nuestros abogados de distintas áreas de práctica de interactuar en un ambiente virtual y de brindar un servicio interdisciplinario que es muy apreciado por nuestros clientes. En este marco las necesidades de asesoramiento en materia laboral de parte de nuestros clientes han crecido exponencialmente. Frente a la caída de sus actividades que no reconoce antecedentes, las empresas se han visto en la necesidad de articular medidas extraordinarias, donde la asistencia del Estado, la interacción con la Administración Nacional, la negociación colectiva con los sindicatos, entre otras acciones, han sido claves para administrar una crisis, cuyo horizonte temporal es muy difícil de anticipar. Pero a pesar de la crisis no hemos dejado de lado nuestra participación y trabajo en cámaras empresarias y organismos nacionales e internacionales. En efecto, el Estudio participa activamente en distintas cámaras y organizaciones empresarias que han sido consultadas, entre otros, en la redacción del proyecto de ley que regulará el teletrabajo y colabora con la Organización Internacional del Trabajo – OIT – en el desarrollo de políticas internacionales que en las actuales circunstancias protejan a las empresas sustentables que puedan generar nuevos puestos de trabajo.

Y respecto a restructuración de deudas, ¿cómo observan el panorama a futuro?

Sebastián Luegmayer: Se anticipa un fuerte proceso de reestructuración de deudas, posiblemente potenciado desde la renegociación de la deuda soberana. Los desafíos para el mercado de capitales argentino en 2020 en el contexto de las consecuencias de la pandemia se centran en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, se vincula a la reestructuración de la deuda soberana ofrecida por la República Argentina y el grado de aceptación que tenga por parte de los tenedores de bonos regidos bajo ley extranjera, así como también a la resolución de la reestructuración de los bonos bajo ley argentina, permitiendo que se logre el objetivo de sustentabilidad de la deuda externa en los próximos años, que permita una recuperación de la economía argentina. En segundo lugar, la pandemia Covid-19 ha erosionado los ingresos de las empresas argentinas, debido a la drástica reducción del consumo de bienes y servicios experimentada desde mediados de marzo de 2020, impactando los balances y las proyecciones empresariales para lo que resta de 2020 y para el próximo año. En este escenario, las empresas argentinas tratarán de sortear esta tormenta perfecta accediendo a los mercados de capital locales e internacionales, para refinanciar la deuda contraída en los últimos años, mediante operaciones de reestructuración, tales como canjes, ofertas de recompra de deuda y procedimientos de obtención de consentimientos de tenedores dirigidos a modificar o renunciar a determinados compromisos restrictivos asumidos en las emisiones de deuda.

¿Y el futuro respecto a las prácticas de Corporate y M&A?

Juan Pablo Fratantoni: Si bien la irrupción de la pandemia y de la resultante cuarentena ha afectado el modo de prestar sus servicios, ya que desde el 19 de marzo todos sus integrantes se encuentran trabajando en forma remota, el departamento de Derecho Corporativo continúa trabajando muy activamente. Desde la óptica contractual, la mayor cantidad de consultas ha tenido que ver con la revisión de los contratos a la luz de la pandemia con el objeto de analizar creativamente la aplicación de los distintos institutos previstos en el Código Civil y Comercial para los casos de eventos sobrevinientes extraordinarios (Teoría de la Imprevisión, Frustración del Objeto, Imposibilidad de Cumplimiento, Caso Fortuito y Fuerza Mayor, por ejemplo). Si bien hemos visto muchos ejemplos de partes trabajando activa y razonablemente en pos de lograr revisiones mutuamente acordadas a los contratos celebrados, que contemplen razonablemente los efectos sufridos por ellas con motivo de la pandemia, no han faltado casos en los que contrapartes oportunistas han intentado infundadamente echar mano a la pandemia como mecanismo para desconocer obligaciones o reclamar compensaciones. El área de derecho societario, por su parte, ha estado también muy activa respondiendo consultas con motivo de la impronta que el nuevo Inspector General de Justicia le ha dado a su gestión con el dictado de resoluciones generales (ya hay al menos 29 en lo que va del año) a través de las cuales restableció numerosas restricciones derogadas por la administración pasada. El área ha estado particularmente activa en materia de asesoramiento para la celebración de reuniones de directorio y asambleas a distancia. Finalmente, el mercado de M&A se encuentra en una etapa de actividad esporádica, con algunas transacciones dadas en el marco de ciertas oportunidades puntuales y en mercados específicos. En este mercado la situación de la deuda soberana, más que la pandemia, es la que está generando mayores restricciones al momento de la toma de decisiones. Si la situación de la deuda fuera resuelta estimamos que habrá numerosas oportunidades de inversión que impactarán de lleno en la actividad de M&A en el país.

¿Cómo creen que será la agenda del resto de 2020 en Tributario?

Miguel A. M. Tesón: El principal impacto se da en el plano de la actividad contenciosa, en virtud de la feria judicial extraordinaria que todavía hoy se extiende. Esto nos ha impedido iniciar una serie de demandas tanto contra el fisco nacional como contra los fiscos locales en las que hemos estado trabajando pero que a la fecha no hemos podido presentar.

Guillermo Lalanne: En el área de impuestos locales esto genera un grave problema debido a que la agresividad fiscal que ya se venía observando en los últimos años se ha visto agravada por la merma en la recaudación producto de la propia pandemia. Al no estar disponible -en principio- la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante la justicia, la situación en la que se coloca a los contribuyentes es de gran indefensión.

Valeria Estathio: Más allá de ese impacto, el trabajo en nuestra área no ha disminuido ya que por un lado hemos tenido mucho trabajo preparando demandas y reclamos que se presentarán tan pronto como sea posible y, por otro lado; hemos seguido prestando asesoramiento no sólo respecto de consultas tributarias sobre las que trabajamos habitualmente sino en relación con novedades surgidas en los últimos meses y relacionadas con la situación de emergencia actual.

María Celina Valls: En ese sentido, hemos tenido consultas vinculadas a los proyectos que se encuentran actualmente en discusión referidos al posible impuesto a la riqueza y, más recientemente, a los alcances y efectos de la moratoria anunciada por el Gobierno. A ello se suman modificaciones normativas de importancia que se han publicado en estas semanas, como por ejemplo, en materia de precios de transferencia.

¿Cómo afectó la crisis del COVID-19 respecto al Derecho Público?

Jorge I. Muratorio: La pandemia de COVID-19 ha generado una cuantiosa y dinámica normativa de restricción de derechos sobre la libertad de las personas y por ende sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios, que ha impactado en infinidad de relaciones con el Estado, reguladas por el derecho público. Esto fue generando una crisis económica que se sumó a la ya declarada y regulada por la ley 27.541. Así, en nuestra área de práctica hemos asistido a empresas tanto abarcadas por las actividades esenciales y que tenían que seguir funcionando (algunas hasta exportando y con urgencia), inclusive realizando presentaciones electrónicas, etc., cuanto a otras no incluidas en aquella categoría y que aspiraban a obtener las excepciones y permisos correspondientes conforme lo iba habilitando la normativa, asistiendo en los diversos trámites para su obtención. Asimismo, y en función de los regímenes de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, se dió la particularidad de cadenas comerciales abarcadas por ambos regímenes, con las dudas y consultas propias respecto de la producción y transporte en territorios bajo aislamiento, y comercialización en lugares bajo el distanciamiento. Resultaba muy importante armonizar normativas y competencias federales y locales. Atendimos consultas de las más variadas materias sobre alcances de la pandemia en el funcionamiento de organismos administrativos y judiciales en todo el país, constataciones notariales, trámites electrónicos, correspondencia epistolar, etc.; análisis de la situación de todo tipo de plazos (administrativos, judiciales, de mediación, de caducidad y prescripción, etc.); de facultades locales para regular aspectos que incidían en actividades interjurisdiccionales (ingreso al territorio, transporte y circulación); responsabilidad del Estado por los daños producidos (restricciones al funcionamiento); etc. Tuvimos un gran requerimiento en materia de contratación pública, donde hubo contratos que directamente no pudieron seguirse ejecutando, otros -permitidos- pero con muchos problemas para su desarrollo -tal como la obra pública que se declaró actividad esencial pero no se daban otras condiciones para su ejecución en lugares de aislamiento- y otros que debieron continuarse con restricciones de ingresos tarifarios. También se generalizaron consultas sobre la situación de contratos regidos por el derecho privado, tales como prestación de servicios, locaciones, etc., impactados en su ejecución por la regulación pública. Por todo esto se profundizó el análisis de figuras eximentes de responsabilidad y que dan lugar a la renegociación o en su caso rescisión contractual (Hecho del Príncipe, Fuerza Mayor y Teoría de la Imprevisión). Se recibieron también muchas consultas en materia de protección de datos, en función de la registración que podía hacerse de personas con la enfermedad causada por el virus COVID-19 o con síntomas compatibles con ella (empleados, proveedores, clientes, etc.).

Agustín Siboldi: Han habido muchas consultas de parte de transportistas y distribuidores de gas natural y electricidad, productores y comercializadores de gas y petróleo, generadores de electricidad, prestadores de telecomunicaciones, el sector automotriz, el sector de venta minorista o retail, que básicamente han apuntado a dar cumplimiento a las limitaciones impuestas en el marco de la pandemia, así como articular las medidas excepcionales para estar en condiciones de superar los desafíos que la misma implica en muchos aspectos.

¿Y en comercio exterior?

Gustavo Müller:, La pandemia del COVID-19 produjo un desplome sin precedentes en el comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio prevé una reducción del mismo para el año 2020 de entre el 13% y el 32%, debido a que las medidas sanitarias implementadas para combatirlo produjeron –en mayor o en menor medida y con mayor o menor duración- reducción en la producción de bienes, restricciones a las importaciones y exportaciones y limitaciones y condicionamientos al transporte internacional de mercaderías. Si bien se prevé una recuperación del comercio en 2021, ello dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las medidas que se adopten tanto en materia sanitaria como de política económica y financiera. Mientras algunos países consideran que para reactivar el comercio internacional y las inversiones será fundamental que los mercados se mantengan abiertos y que sean previsibles en un entorno empresarial favorable, otros descreen de estas ideas y se proponen –en palabras de un alto funcionario del Ministerio de Producción- “administrar el comercio exterior”. En esta última opción se ubica el gobierno argentino, quien alega “tener una mirada heterodoxa de la economía” y “no ser dogmáticos, sino pragmáticos”, proponiéndose regular y controlar minuciosamente las importaciones y las exportaciones en el marco de una política de sustitución de importaciones, de protección y desarrollo del sector industrial y de racionamiento de las escasas divisas con las que cuenta en la actualidad. Esta política se ha puesto ya de manifiesto en claras restricciones –de hecho y de derecho- a las importaciones, en un férreo control de las exportaciones, en el aumento de medidas antidumping y compensatorias y en limitaciones al acceso al mercado de cambios para honrar compromisos internacionales. En nuestra área de práctica de Aduana y Comercio internacional, se  multiplican las consultas sobre el curso de acción a seguir frente a demoras en la tramitación de los SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), a la no emisión de Licencias No Automáticas de importación, a la falta de respuesta del Banco Central a solicitudes de conformidad para el pago de importaciones y otros giros al exterior, a los plazos fijados para ingresar y liquidar divisas correspondientes a exportaciones, a la falta de emisión de certificaciones y autorizaciones previas de importación, a la legalidad de la Tasa de Estadística que grava las importaciones, por nombrar algunos ejemplos. Todo ello puede redundar en un creciente grado de litigiosidad en defensa de derechos amparados por la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina.

¿Cómo se están canalizando los conflictos que genera la crisis frente a una justicia que parece paralizada?

Francisco Astolfi: Si bien inicialmente pareció que el sistema de frenos y contrapesos de la justicia, -incluyo en dicho concepto a todos los operadores jurídicos-, tambaleaba, que había perdido su equilibrio, tal vez por falta de medios adecuados, la situación terminó convirtiéndose en un desafío que está siendo superado a fuerza del ingenio, entereza y voluntad de todos. Tales conflictos se están encausando tanto por la propia vía judicial como bajo las distintas modalidades de resoluciones alternativas de conflictos: la mediacional, la arbitral y la convencional. En lo que hace propiamente a la vía judicial, sortear las vallas e ingresar en las excepciones habilitantes se está haciendo por vía de amparos, medidas cautelares y de tutela urgente sobre la base de la función preventiva del daño conceptualizada en el art. 1710 del CCyCN.

¿Cómo se tradujo ese desequilibro y falta de medios adecuados? ¿cuál fue la respuesta superadora?

FA: Inicialmente hubo un parate; la justicia y los profesionales independientes tuvimos que organizarnos para trabajar totalmente de manera remota e, incluso, sin acceso a elementos documentales, con sistemas de trámite o gestión que para algunas diligencias sólo contemplaban la presencia física de los agentes.  Pero esta circunstancia se tradujo en un desafío para los operadores jurídicos (abogados y miembros de los Poderes Judiciales, organismos públicos y profesionales independientes), que fue sorteándose mediante respuestas superadoras. Esas respuestas se dieron en dos órdenes. El primero lo fue desde la materia regulatoria y el segundo desde el ingenio en la propuesta de mecanismos superadores, su aceptación y propiamente ejecución. Desde la materia regulatoria la mayoría de las Cortes de Justicia (nacional y provinciales) así como desde los tribunales de superintendencia de las cámaras de apelaciones, en un ejercicio poco usual de sus facultades, fueron dictando normas y protocolos de actuación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, desde la inicial Acordada 6 hasta la 26, si bien tuvo como principal motivo acompañar las disposiciones gubernamentales vinculadas con la profilaxis y atención frente a la pandemia, fue paulatinamente disponiendo las materias, vías y modalidades de actuación de la justicia (en especial las Acordadas 14, 15 y 17).  Las distintas acordadas o acuerdos dictados por los superiores tribunales de todo el país fueron emitiendo sus protocolos de actuación solucionando, sobre la marcha, distintos y variados impedimentos que frenaban su avance, aprobando la gestión por vía electrónica de: todas las presentaciones procesales (sin soporte papel), la emisión y diligenciamiento de oficios judiciales, las audiencias remotas (virtuales), la habilitación del inicio de demandas por email, la traba de medidas cautelares, el protocolo de verificación de créditos remoto (provincia de Corrientes).  En esa misma sintonía el Ministerio de Justicia de la Nación habilitó el proceso de mediación remoto.

Estas disposiciones, entre otras, dieron lugar al segundo orden: el del ingenio en la propuesta de mecanismos superadores, su aceptación y propiamente ejecución. Ejemplo de ello lo fueron las disposiciones judiciales dictadas (no contempladas en los protocolos) en distintas jurisdicciones que dispusieron tomar la audiencia de declaración indagatoria a un detenido por videollamada, la notificación de medidas cautelares o de ejecución por whatsapp, la delegación de notificación de medias cautelares (de instrumentación por oficio y firma del juez) por conducto del abogado de la actora y por medio cartular u oficio firmado por el propio abogado (incluso cuando la medida debe concretarse en jurisdicciones diferentes a la del tribunal), la modalidad de embargos por indisposición de los valores en la propia cuenta de origen (para sortear los inconvenientes operativos que surgieron con los bancos y cuentas oficiales), entre otras.

El acceso a tales medidas lo fue mediante un renovado impulso y utilización de las medidas cautelares típicas, las innovativas, de tutela anticipada y de tutela urgente, medidas autosatisfactivas y anticautelares, recursos innominados, y pactos procesales.

Estas respuestas de los operadores jurídicos ¿llegaron para quedarse?

Francisco Astolfi: Si y no. Está claro que muchas de los mecanismos, protocolos y soluciones judiciales implementados han permitido sortear los inconvenientes derivados del aislamiento social obligatorio y la falta de mecanismos remotos para la obtención y concreción determinadas mandas judiciales y son de gran utilidad y agilización de los procesos, pero muchos de ellos son susceptibles de ser cuestionados en orden a su legalidad y seguridad.

El enorme avance de gestión que se hizo con todas estas reglamentaciones cambió el trámite judicial y su costo-beneficio hará sin duda que perduren pero, tampoco debe desatenderse que cuando se normalice la situación del hoy volverá la concepción del trámite del proceso por audiencias que fuera largamente estudiado e implementado (ya forma parte de varios códigos procesales provinciales y se encuentra en el seno del Congreso Nacional el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Nación) y que pondera el principio de inmediación.

¿Cuáles son los desafíos del hoy y de los próximos tiempos?

Agustina Fanelli Evans: Todas las herramientas y mecanismos que se fueron admitiendo para sortear estos desafíos determinaron el temario del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal (que se realizará en Mendoza en septiembre del año que viene) y que contempla la justicia de los tiempos del hoy. Está previsto tratar, entre otras, las siguientes materias e institutos: la gestión del proceso y las nuevas tecnologías, la oralidad y los procesos por audiencias, el proceso de amparo, las pequeñas causas, la justicia inmediata (tutelas urgentes), justicia de consumo, la transparencia, el principio adaptabilidad de las formas, el principio de colaboración, los acuerdos procesales, la tutela preventiva y el régimen arbitral.

Finalmente, la Corte ya anticipó, en los considerandos de su Acordada 21/20, que una vez retomada la actividad presencial se producirá un alto requerimiento del servicio de Justicia, no sólo por la postergación de trámites anteriores sino, adicionó, por el mayor requerimiento que se deriva de la crisis económica. De allí que tanto la profundización en el estudio y utilización de las herramientas e institutos procesales referidos, así como el manejo de los procesos de mediación, la implementación del contrato de arbitraje y la utilización de los tribunales arbitrales son algunas de las armas necesarias para afrontar la crisis económica e institucional que transitaremos.  

Inflación, dólar, inversiones y ahora el coronavirus, ¿cómo se hace para administrar una estructura como la de ustedes en estos casos?

Gustavo Grosso: Todas las variables juegan un papel preponderante a la hora de administrar una empresa, quien dice ignorar alguna subestima el impacto que puede llegar a ocasionarle. Dicho esto, es permanente el vistazo que se le dan a los indicadores de resultados en las empresas, desde la rentabilidad hasta el endeudamiento y la exposición cambiaria. Venimos de un año 2019 donde las tasas de interés fueron altísimas, razón por la cual se retrasó la cadena de pagos al punto de obligar a las empresas a financiarse con el sistema financiero a tasas muy superiores a sus índices de rentabilidad. Esta situación hace que la entrada al 2020 haya sido en parte una etapa de desendeudamiento, con los proveedores, con la AFIP y con el mismísimo sistema financiero. A la baja de tasas le sucedió lo inesperado, la pandemia mundial del Coronavirus, que nos tomó con una economía país saliendo de un mal 2019, altamente endeudados en el exterior y con vencimientos acuciantes de deuda, contraída con otras expectativas de crecimiento que no se cumplieron.

¿En qué manera los afecta, como prestadores de servicios?

GG: En que las tarifas de clientes fijadas en dólares ante la quietud del tipo de cambio oficial, dejaron de ser lo rentables que debían ser, siendo que tanto las cobradas en pesos al tipo de cambio oficial, como las que son giradas desde el exterior como divisas se convirtieron en pesos a través del BCRA, resultaron en pesos entre un 40% y un 85% más reducidas dada la brecha con el tipo de cambio real. Los Estudios Jurídicos, al igual que todas las empresas de servicios, comenzamos a mirar con mucho detenimiento la composición de nuestros costos, reduciendo redundancias, cancelando membresías, suspendiendo la contratación de nuevas personas, etc. La tecnología ha estado jugando un rol preponderante en el desenvolvimiento de la sustentabilidad de los servicios. Los estudios de abogados no son ajenos a lo que los bancos, los comercios y otras empresas han debido hacer para asegurar su continuidad, montando sistemas de conexión remotas a servidores de datos, ampliando la cantidad de licencias para los softwares de trabajo colaborativo, y reduciendo costos de inmovilización como son los relativos a espacio físico e infraestructura de equipamiento de oficinas, priorizando la inversión en equipamiento portátil que permita el trabajo a distancia. Resulta paradójico que haya sido un virus el que aceleró el proceso de digitalización tan resistido en la actividad jurídica, y paralelamente aquello de contribuir con la ecología del planeta no imprimiendo documentación para su lectura y guarda en formato papel. Podemos afirmar que la estructura de costos mostrará un cambio en la propensión a la inversión, siendo que visualizamos un futuro en el que priorizaremos trabajar cerca del cliente, esto significa que el lugar de trabajo de los abogados será donde mayor eficiencia pueda garantizarse.