El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera oportuno formular algunas reflexiones de carácter institucional en relación con los hechos de público conocimiento vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la citación a prestar declaración indagatoria dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5 y la consecuente decisión de la AFA de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura.

En primer lugar, este Colegio recuerda que la Constitución Nacional consagra el principio de igualdad ante la ley como uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. Conforme lo establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, no existen fueros personales ni privilegios que eximan a persona alguna —sea física o jurídica, pública o privada— del sometimiento al orden jurídico vigente. La vigencia efectiva de este principio es condición indispensable para la confianza pública en las instituciones y para la plena vigencia del Estado de Derecho.

En ese marco, corresponde subrayar que la citación a prestar declaración indagatoria constituye un acto procesal esencial previsto por nuestro ordenamiento, cuyo sentido no es sancionatorio ni implica adelantar juicio alguno sobre la responsabilidad penal de las personas convocadas. Por el contrario, la declaración indagatoria es, ante todo, un acto de defensa, en el cual el imputado tiene la oportunidad de conocer formalmente los hechos que se le atribuyen, ejercer su derecho constitucional a ser oído, ofrecer explicaciones, presentar descargos y proponer las defensas que estime pertinentes, con la asistencia letrada que la ley garantiza.

Desnaturalizar el significado jurídico de la declaración indagatoria, presentándola como una forma de persecución o de sanción anticipada, no contribuye al fortalecimiento de la legalidad, ni al adecuado funcionamiento de la administración de justicia. El respeto por el debido proceso y por las garantías constitucionales debe ser una exigencia común para todos los ciudadanos y organizaciones, sin distinciones basadas en su relevancia pública, económica o social.

Asimismo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires entiende necesario señalar que las decisiones adoptadas en el ámbito de la justicia no deben ser condicionadas ni interferidas por medidas de presión institucional, corporativa o fáctica, cualquiera sea su origen. La eventual suspensión de actividades deportivas nacionales, como reacción frente a decisiones judiciales legalmente adoptadas, no resulta compatible con el espíritu republicano que exige acatar las resoluciones de los jueces y canalizar las discrepancias por las vías legales correspondientes.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reafirma, una vez más, su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional, la independencia del Poder Judicial, el respeto por el debido proceso y la igualdad de todos los argentinos ante la ley. Solo desde el pleno acatamiento a estos principios es posible preservar la seguridad jurídica y fortalecer la convivencia democrática.

Finalmente, exhorta a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad institucional, mesura y respeto por el sistema legal, recordando que el ejercicio de los derechos debe realizarse siempre dentro del marco que la Constitución y las leyes establecen para todos por igual.

El Directorio

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FECHA: Jue, 26/02/2026 - 17:00

DURACIÓN: 1 hora

MODALIDAD: Virtual

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Abogacía UCEMA

El objetivo central es analizar cómo el ordenamiento jurídico argentino ha recibido el impacto frente a los desafíos que plantea la transformación digital, a partir del desarrollo del constitucionalismo digital y de la consolidación progresiva de los derechos digitales.

Esta actividad académica resulta pertinente tanto desde una perspectiva académica como práctica, contribuyendo a la formación continua de los operadores del derecho y al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho en la era digital.

Temario:

• Analizar el concepto y alcance de los derechos digitales como una proyección contemporánea de los derechos fundamentales.
• Examinar los fundamentos del constitucionalismo digital y su desarrollo en el contexto jurídico argentino.
• Identificar los principales derechos constitucionales impactados por la digitalización.
• Reflexionar sobre la jurisprudencia, la doctrina y los desafíos normativos vinculados a los entornos digitales.

Expone:

Dr. Miguel Jara

Doctor en Derecho (UCES). Director de la Comisión de informática jurídica e IA de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Secretario de la Comisión de Informática del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA). Prosecretario del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ). Miembro de la Asociación Brasileña de Abogados (ABA). Ganador del premio “Doctor Roberto Repetto” sobre un tema propio del Derecho Privado en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Docente de grado y posgrado.

“Contratos de Pago por Resultados en América Latina: entre la innovación y la ley. Claves para su desarrollo en América Latina”

El incremento exponencial en los reclamos previsionales que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revela una ineficiencia estructural del sistema previsional argentino y una deficiente gestión estatal del conflicto.

Desde FORES venimos señalando que esta judicialización masiva no es responsabilidad del Poder Judicial, sino la consecuencia de decisiones que, sin solución de continuidad, durante las últimas administraciones, vienen sosteniendo una política de desconocimiento de jurisprudencia firme, obligando a los jubilados a litigar durante años para acceder a derechos ya reconocidos.

La reiteración de causas previsionales previsibles y evitables distorsiona el rol constitucional de la Corte Suprema, consume recursos escasos y retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia institucional. Al mismo tiempo, genera demoras incompatibles con la naturaleza alimentaria de los haberes y deteriora la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

En términos comparados, la experiencia argentina constituye una anomalía: en otros sistemas, la litigiosidad previsional es baja y los conflictos se resuelven mayormente en sede administrativa, con mecanismos automáticos de actualización y cumplimiento inmediato de precedentes.

FORES sostiene que la solución es política y administrativa, no judicial. Entre las medidas necesarias merecen ser destacadas:

• el respeto administrativo inmediato de la jurisprudencia firme;
• mecanismos previsibles y transparentes de actualización de haberes;
• estrategias de descongestión que preserven el rol institucional de la Corte;
• y estadísticas previsionales integradas que permitan anticipar impactos fiscales y judiciales.

Persistir en la actual dinámica implica seguir utilizando al Poder Judicial como un mecanismo de ajuste indirecto, en perjuicio de los jubilados y de la calidad institucional. Una justicia eficaz comienza por una administración que respete el derecho vigente.

Pablo A. Pirovano / Presidente          Maria Julia Fornari / Secretaria

Buenos Aires, 15 de enero de 2026. KPMG International ha logrado la certificación ISO 42001/2023, convirtiéndose así en la primera de las Big Four en recibir esta calificación enfocada en la gobernanza y control de la IA. Este reconocimiento subraya el liderazgo global de KPMG en una IA responsable, ética y confiable, y se suma al impulso de las certificaciones ISO 42001 ya obtenidas por firmas miembro de KPMG en Australia, España, India y Estados Unidos.

La norma ISO 42001, desarrollada por la Organización Internacional de Normalización, proporciona un marco integral para el diseño, desarrollo y uso de sistemas de IA. El estándar exige un sistema sólido de controles para garantizar responsabilidad y confianza, al tiempo que mitiga riesgos en la implementación de IA. Es la norma internacional publicada en 2023 que establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (AI Management System) en las organizaciones. Su objetivo principal es garantizar que el uso y desarrollo de sistemas de IA se realicen de manera responsable, ética y confiable, alineándose con los siguientes principios:

• Transparencia: Documentar cómo funciona la IA y sus decisiones.
• Responsabilidad: Definir roles y responsabilidades en la gestión de IA.
• Seguridad y privacidad: Proteger datos y minimizar riesgos.
• Cumplimiento normativo: Asegurar que la IA respete leyes y regulaciones.
• Gestión de riesgos: Identificar y mitigar riesgos asociados al uso de IA.

La certificación brinda a la red de KPMG la seguridad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como KPMG Workbench y aIQ Chat, sabiendo que cumplen con estándares reconocidos internacionalmente, y refleja años de trabajo en la construcción de sistemas de IA seguros, confiables y responsables.  “Este reconocimiento a KPMG es una señal clara de que la inteligencia artificial se puede hacer con responsabilidad y transparencia. Se suma a nuestro framework Trusted AI que, en esencia, son principios y prácticas para que la tecnología sume valor sin perder de vista a las personas. La certificación brinda a nuestra red mundial la seguridad para utilizar herramientas de IA, sabiendo que cumplen con estándares reconocidos internacionalmente. Y contamos con herramientas como KPMG Workbench, aIQ Chat y Clara AI, que incorporadas a los servicios de la compañía permiten agregar valor a nuestros clientes, manteniendo la confianza y calidad”, opinó Mauro Avendaño, socio de Tecnología de KPMG Argentina.

La solución de IA generativa de nivel profesional acelera las tareas legales esenciales para optimizar los flujos de trabajo de los abogados y aumentar la productividad, al mismo tiempo que protege los datos sensibles de los clientes.

Contractia, la plataforma de Firma Electrónica Avanzada líder en Argentina, anunció la firma de un convenio exclusivo con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

Índice de Confianza en la Justicia elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y la Asociación Civil Fores

Marval O’Farrell Mairal lanzó la cuarta edición de su Reporte sobre los Departamentos Legales de Argentina 2025, una investigación única en el mercado que ofrece una visión integral y actualizada sobre el funcionamiento, las prioridades y los desafíos de las áreas jurídicas in-house del país. 

El informe se elaboró a partir de las respuestas de más de 100 líderes jurídicos de las principales empresas que operan en Argentina, y analiza en profundidad aspectos clave de la gestión legal corporativa, entre ellos: 

• la conformación y seniority de los equipos jurídicos; 
• las habilidades más demandadas y las prácticas de capacitación; 
• el nivel de digitalización, incluyendo el uso de sistemas de gestión legal y herramientas de inteligencia artificial; 
• los principales temas legales consultados al área jurídica interna; 
• las tendencias que marcarán la agenda legal en 2026. 

Con una mirada amplia y basada en datos, el reporte se sigue consolidando como una herramienta de referencia para comprender la evolución del rol del departamento legal y anticipar los cambios que atraviesa la práctica corporativa en Argentina. 

El informe completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.marval.com/Landing/reporte-sobre-los-departamentos-legales-de-argentina-2025-84?lang=es